No la pasa bien la Registraduría y Centro Democrático tras los escándalos por los miles de E-14 presuntamente alterados y la alianza de una funcionaria en ejercicio de sus funciones.

Crisis en la Registraduría y Centro Democrático

El caso de los E-14 y Paloma Valencia

Por un lado, un grupo de ciudadanos de diferentes partidos anunció que interpondría acciones legales tras hallar presuntos votos «inflados» en las actas de votación (E-14). Los denunciantes aseguran que las cuentas no cuadran y aparecen más sufragios de los legalmente posibles en ciertas mesas. Según los veedores, esta alteración de la realidad en las urnas habría favorecido supuestamente la consulta de la precandidata Paloma Valencia. El colectivo evalúa radicar investigaciones penales al sospechar de una presunta red interna dedicada a manipular los datos electorales.

En un frente completamente separado, pero que profundiza la crisis de la entidad, la Registraduría emitió en la tarde de este 13 de marzo un documento oficial.

A través de este comunicado, se informó a la opinión pública la decisión de apartar de su cargo de manera inmediata a una funcionaria supernumeraria.

La caída de esta servidora pública ocurrió tras la difusión de un video en redes sociales que evidenciaría su aparente participación en política, material que ya fue remitido a la Oficina de Control Disciplinario. La entidad advirtió que la conducta de la exfuncionaria no solo acarrea graves faltas disciplinarias según la Ley 1952 de 2019, sino que podría configurar el delito de intervención en política, tipificado en el artículo 422 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal colombiano). Asimismo, reiteró que mediante memorandos internos se ha exigido al personal abstenerse de estas prácticas.

Ambos episodios, aunque aislados fáctica y judicialmente, confluyen en un manto de duda sobre la gestión de Penagos en la Registraduría.