El Consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar de Caldas (Confa) se encuentra en el centro de una tormenta judicial y de orden público. Tras la denuncia pública de Antonio Sanguino, se conoció un ultimátum de 72 horas para que los consejeros designados por el Ministerio del Trabajo renuncien a sus cargos bajo amenaza de muerte.

En un mensaje encabezado como «MENSAJE FUERTE Y CLARO», sujetos anónimos exigen la salida de los representantes de los trabajadores, argumentando una supuesta «apropiación comunista» de entidades como la Gobernación de Caldas, la Industria Licorera, Inficaldas y hasta el SENA. El mensaje advierte que, de no renunciar, los consejeros deben «atenerse a las consecuencias», asegurando estar dispuestos a «hacer lo necesario para defender la caja».

El ministro del trabajo Antonio Sanguino señaló directamente que estas amenazas están precedidas por lo que califica como «comportamientos hostiles» del actual director de Confa, Juan Eduardo Zuluaga Perna. Según la denuncia, estas acciones buscan mantener al actual director «atornillado en el cargo», obstruyendo la entrada de los nuevos delegados gubernamentales.

Por su parte, Juan Eduardo Zuluaga calificó las declaraciones de Sanguino como «desafortunadas», alegando que vinculan administrativamente a la Caja con hechos de violencia externa. Aunque Zuluaga condenó las amenazas y solicitó intervención de la Defensoría del Pueblo, insistió en que se está «politizando la institucionalidad».