El Consejo de Estado vuelve a atacar el bolsillo de los hogares de la clase trabajadora del país. Sin contemplaciones, el alto tribunal ratificó la suspensión del Decreto 1469 de 2025, el cual le daba un respiro a millones de colombianos con el salario mínimo vital. El magistrado Juan Camilo Morales decidió mantener el freno al incremento del 23%, rechazando recursos de reposición y aclaración.

Este ataque pareciera ser un plan ejecutado con precisión por los mismos que demandaron desde el primer día para tumbar el derecho a una vida digna. Los nombres están identificados por: Jaime Alberto Cabal y Fenalco, que abandonaron la mesa de concertación para litigar en los estrados; Juan Diego Muñoz, ex candidato de Creemos de Fico y aliado del ultraderechista Abelardo de la Espriella; y el concejal del Centro Democrático Luis Guillermo, quien celebró públicamente este zarpazo a los ingresos de los hogares. A ellos se suman abogados y lobbistas de grandes empresas como Alejandro Linares Cantillo, exmagistrado de la Corte Constitucional, y firmas como Chapman Wilches y Gómez-Pinzón, especializados en defender el capital sobre el trabajo. Incluso exfuncionarios del gobierno Duque, como Juan Pablo Liévano, y académicos que han servido a intereses de multinacionales como Chiquita Brands, se unieron para asfixiar el bolsillo de quienes camellan día a día.

La CUT ya lo advirtió a través de Fabio Arias: esto es una «intentona» descarada de las élites y el uribismo para declarar ilegal lo que por derecho le pertenece al trabajador. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, fue enfático en señalar que, a pesar de este ataque judicial, el salario vital sigue en firme transitoriamente gracias al Decreto 159 de 2026 expedido por el presidente Gustavo Petro. Cada demanda que presentan es un clavo más en la economía de la clase trabajadora, esa misma que sostiene a Colombia sobre sus hombros mientras otros se dedican a desangrarla con tecnicismos legales.