Un operativo sorpresa de la Policía Metropolitana de Bogotá encendió las alarmas: el sesenta por ciento de los taxistas verificados registra anotaciones judiciales. El cruce de datos sobre quinientos conductores revela una realidad que pone en jaque la seguridad de miles de usuarios que utilizan este servicio diariamente en la capital.

La intervención policial, motivada por la reciente racha de inseguridad, dejó al descubierto que trescientos de los quinientos conductores inspeccionados tienen un historial en el sistema de justicia. Aunque las autoridades aclaran que una anotación no siempre implica una orden de captura vigente, el dato es demoledor para la confianza ciudadana en momentos donde el transporte público está bajo la lupa por hechos de violencia extrema.

Este control institucional surge tras casos que conmocionaron a la ciudad, como el secuestro de Diana Ospina y el homicidio del docente Neil Cubides, delitos donde el uso de vehículos de transporte público ha sido una constante en las líneas de investigación. La cifra oficial del sesenta por ciento de conductores con pasado judicial expone una falla crítica en los filtros de contratación y supervisión que deberían ejercer las empresas y los propietarios de los cupos.

Mientras la Policía pide no estigmatizar a todo el gremio, la ciudadanía exige medidas de fondo. No se trata de un ataque al oficio, sino de una advertencia sobre quiénes están detrás del volante de vehículos que circulan libremente con presuntos antecedentes por diversos delitos. La seguridad en Bogotá no puede depender del azar cuando los registros oficiales muestran que la mayoría de los conductores verificados en este despliegue han tenido cuentas pendientes con la ley.