Por: Andrés Velandia

El patriotismo en Colombia suele medirse según la cuenta bancaria y el apellido de quien lo pregona. Cada vez que el debate sobre el pie de fuerza regresa al legislativo, el guion se repite con una frialdad calculada: parlamentarios protegidos por esquemas de seguridad del Estado, con camionetas blindadas y salarios millonarios, rasgándose las vestiduras porque los batallones registran vacíos en sus filas. El reciente reclamo del representante caldense José Octavio Cardona León, señalando que la caída de más de 42.000 conscriptos entre 2018 y 2022 obedece a las alternativas no armadas del Servicio Social para la Paz y pidiendo reconsiderar la obligatoriedad del cuartel, volvió a encender una indignación popular acumulada durante décadas.

La reacción no tardó en brotar desde la base social con una claridad demoledora: si tanto les preocupa la falta de tropa, que redacten ya mismo una ley donde el servicio militar sea estrictamente obligatorio para los hijos de los senadores, de los representantes a la Cámara, de los ministros, de los magistrados y de los alcaldes. Que la primera fila del contingente que marche rumbo a las zonas de confrontación armada esté integrada por el linaje del poder político y económico. Esa sola condición desarmaría al instante cualquier discurso belicista en los recintos del Capitolio.

La historia de la conscripción en este territorio ha sido la consolidación de un sistema clasista y desigual. Mientras los estratos altos y las familias acomodadas tramitan exenciones, acceden a libretas de segunda clase mediante contactos o envían a sus descendientes a universidades extranjeras, los operativos y los camiones de reclutamiento han tenido como destino exclusivo las terminales de transporte, los barrios populares y las veredas campesinas. Son los hijos del obrero, de la vendedora informal y del agricultor los que históricamente han terminado patrullando bajo fuego cruzado, poniendo los muertos, los heridos y los traumas irreparables de una violencia que ellos no planearon ni financiaron.

Hablar de honor militar y disciplina institucional desde la distancia es un ejercicio sumamente cómodo. Resulta sencillo legislar para que otros entreguen a sus hijos de 18 años cuando la propia descendencia tiene el futuro blindado y asegurado lejos de cualquier zanja. Pretender desmontar las alternativas sociales y comunitarias para forzar de nuevo a la juventud vulnerable a cargar un arma demuestra una desconexión total con la realidad de las regiones. La exigencia ciudadana que hoy toma fuerza debe convertirse en un mandato ineludible frente a cada micrófono político: ningún legislador tiene autoridad ética para exigir que el pueblo nutra las filas si no está dispuesto a entregar a su propia sangre al barro de la guerra.