Cada incendio forestal que golpeó a la Patagonia destapó una red de intereses comerciales sobre la tierra y las fuentes de agua, mientras el Estado recortaba los recursos destinados a enfrentar el fuego. Una investigación de Revista RAYA, basada en testimonios de la abogada Sofía Nemenmann, integrante de la Asociación Argentina de Abogadas Ambientalistas (CAJE), reveló cómo las quemas terminaron funcionando como un mecanismo para limpiar terrenos boscosos y justificar cambios en el uso del suelo.

La seguidilla de fuego inició el 9 de diciembre de 2025 y avanzó sobre sectores poblados como Puerto Patriada y reservas naturales como el Parque Nacional Los Alerces. Aunque las autoridades señalaron causas combinadas entre tormentas secas y descuidos de turistas, los balances de organizaciones ambientales advierten que las fallas de fondo comenzaron con la falta de prevención y el retiro del apoyo institucional a los equipos de socorro.

De acuerdo con el informe de Revista RAYA, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego sufrió un recorte presupuestal cercano al 50% durante 2025 frente al año anterior, con proyecciones de mayores reducciones para los periodos siguientes. A esto se sumó el traslado de esta dependencia desde el sector ambiental hacia el Ministerio de Seguridad, una decisión del Gobierno de Javier Milei que transformó la atención del fuego en un asunto de orden público y retiró el enfoque ecológico de la respuesta estatal.

En las zonas afectadas, los brigadistas enfrentaron las llamas sin recibir dotación nueva desde 2023, sin acceso a un régimen de jubilación especial y sin el reconocimiento formal como trabajadores de alto riesgo. En medio de los operativos, la respuesta de la Casa Rosada consistió en la difusión de una imagen creada con inteligencia artificial para felicitar a los combatientes y un mensaje formal, sin presencia directa del mandatario en el terreno.

El informe detalla que detrás del fuego existen presiones para modificar las normas que protegen los recursos naturales. Aunque la justicia argentina mantiene suspendidos los intentos del Ejecutivo de tumbar las leyes de bosques, tierras y manejo del fuego, las denuncias en la zona señalan que las quemas se utilizan para eludir controles urbanísticos. Entre los hechos registrados figura el caso de Bariloche, donde se prendió fuego para abrir paso a un proyecto turístico tipo glamping que no contaba con permisos oficiales para la apertura de vías.

A esta situación se suma la disputa por el acceso al agua dulce. Datos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) confirman que grandes extensiones de territorio en el sur permanecen bajo control de capitales privados de Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Catar, en medio de presiones por expandir proyectos extractivos y turísticos.

Durante el desarrollo de los hechos, voceros oficiales señalaron a comunidades mapuches como autoras de los incendios, pero la Fiscalía descartó esa hipótesis al no encontrar sustento probatorio. Las organizaciones en el territorio indicaron que los incendios de gran magnitud en esa región tardan meses en apagarse por completo y solo quedan extinguidos con la llegada de las lluvias entre marzo y mayo, dejando daños ambientales, pérdidas económicas y secuelas en los pobladores de la zona.