La caja de compensación familiar más importante del departamento, Confa, se encuentra en el ojo del huracán tras las explosivas revelaciones del representante Santiago Osorio. El foco de la controversia apunta a una presunta red de beneficios cruzados donde los recursos parafiscales, que alcanzan los $2 billones de pesos, estarían siendo direccionados hacia empresas cuyos propietarios tienen voz y voto en la misma junta directiva de la entidad.

El caso más crítico expuesto en la denuncia es la remodelación del centro vacacional La Rochela. Según Osorio, el millonario contrato para esta obra habría sido entregado a la empresa CFC Construcciones, vinculada a Felipe Calderón, quien a su vez es figura clave en la mesa directiva de la caja. Esta dinámica de «yo con yo» en la contratación privada ha despertado la indignación de diversos sectores que exigen transparencia sobre cómo se invierte el dinero que cada empresario paga por sus trabajadores.

A la crisis por el manejo del dinero se suma un componente judicial de alta gravedad: amenazas de muerte contra cinco consejeros que representan el sector laboral. Estos delegados, que buscaban ejercer control sobre las decisiones de la caja, habrían sido intimidados para evitar su posesión. Ante este panorama de presunta corrupción y violencia, se ha solicitado formalmente a la Superintendencia del Subsidio Familiar y al Gobierno Nacional la intervención inmediata de Confa para proteger el patrimonio de los caldenses.