La Agencia Nacional de Tierras (ANT) concretó la recuperación de cuatro fincas en Chigorodó, Antioquia, marcando un hito en la redistribución de predios vinculados a procesos judiciales por despojo. Uno de los bienes intervenidos figuraba bajo la titularidad de Claudia Ángela Argote, quien ha sido señalada en diversos expedientes por su presunta responsabilidad en delitos que fracturaron el tejido social de la región de Urabá y el Chocó.
El trasfondo de esta entrega remite a una compleja trama de alianzas que, según investigaciones de la Fiscalía General de la Nación que datan de 2021, habrían involucrado a empresarios, fuerzas militares y grupos paramilitares entre 1997 y 2005. La señora Argote, junto a otros miembros de su núcleo familiar, enfrenta acusaciones por el presunto delito de concierto para delinquir con fines de desplazamiento, así como por la supuesta invasión de áreas de especial importancia ecológica. Los testimonios recaudados en el proceso 3856, incluyendo declaraciones de exjefes paramilitares como Raúl Hasbún, sugieren que estas tierras fueron el epicentro de presiones sistemáticas contra comunidades negras y campesinas para forzar ventas a precios irrisorios bajo la sombra de la estructura criminal.
La propiedad en cuestión, donde actualmente se encuentran cultivos de palma de aproximadamente cinco años de antigüedad, estaba bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tras la intervención de la justicia a la empresa Titanes. El director de la ANT confirmó que estos activos, situados en el corazón del Urabá antioqueño, dejarán de estar vinculados a los intereses de quienes presuntamente promovieron el desplazamiento masivo en territorios colectivos como Curbaradó y Jiguamiandó. Ahora, el Estado busca que estos suelos sean transferidos a organizaciones campesinas asociativas, intentando revertir décadas de desposesión y transformar una economía que, según el material probatorio de los entes de control, se cimentó sobre el exilio forzado de sus habitantes originales.
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